Recesión, cambio climático y planificación. Por Anthony Giddens

En la actualidad, el cambio climático y la actitud que hay que tomar ante él son cuestiones que no dejan de aparecer en las noticias. Lo mismo ocurre, claro está, con la recesión económica, de alcance igualmente mundial y por sí sola enormemente preocupante. ¿Pero qué relación puede acabar estableciéndose entre ambos problemas?

Según Sigmund Freud, cualquier crisis puede suponer un estímulo para la parte positiva de nuestra personalidad, siendo una oportunidad de empezar de nuevo. Y esto es algo que no se les ha escapado a los dirigentes políticos. Siguiendo el ejemplo del presidente estadounidense Obama, muchos se han apuntado a la idea de un New Deal del cambio climático. Se entiende que la inversión en tecnologías que producen pocas emisiones de dióxido de carbono, el aislamiento de los edificios y el uso del transporte público pueden ser cruciales para volver a poner en marcha la economía.

Nick Stern, autor del célebre Informe Stern sobre la economía del cambio climático, señala que a esas medidas tendría que destinarse por lo menos el 20% de los fondos para planes de recuperación. Las propuestas de Obama se quedan un poco cortas a ese respecto. Pero algunos países están destinando mucho más. Corea del Sur, por ejemplo, dedica a medidas de ese tipo un mínimo de dos tercios de su plan de recuperación.

Yo soy partidario de ese New Deal del cambio climático y confío en que produzca el doble beneficio que se pretende (que, en realidad, sería triple si los países consiguieran también reducir su dependencia respecto al crudo importado). Sin embargo, el efecto estimulante del que hablaba Freud debería galvanizarnos para que nuestras ideas y nuestros actos se orientaran a un frente mucho más amplio.

Nos encontramos en el punto culminante de una gran revolución, la de la inminente desaparición de la economía dependiente del crudo. Ha llegado el momento de ponerse a evaluar sus posibles implicaciones, que van desde lo práctico y lo prosaico hasta aspectos especulativos y de mayor alcance.

En lo tocante a lo práctico, hay que prestar mucha atención al empleo. Según sus partidarios, el New Deal del cambio climático creará por sí mismo nuevos puestos de trabajo. Yo no estoy tan seguro de ello si, como debería ser, estamos hablando de empleos netos, es decir, de más puestos de trabajo que antes. Al incrementarse la cantidad de energía producida con medios que generan menos emisiones de dióxido de carbono, y con ella la eficiencia energética, algunos trabajadores de sectores ligados a la producción de combustibles fósiles, como el carbón, se quedarán sin empleo. La mayoría de las innovaciones tecnológicas, más que incrementar la necesidad de mano de obra, la reducen.

Los puestos de trabajo los crearán menos las propias tecnologías renovables que los cambios de forma de vida resultantes de afrontar el cambio climático y de incrementar la seguridad energética. Cambiarán las sensibilidades y con ellas los gustos. La nueva economía será todavía más radicalmente posindustrial que la que ahora tenemos. Al igual que se encontraron formas de revitalizar zonas portuarias de las que ahora se ha evaporado el sector naviero, de los empresarios dependerá la labor de detectar las oportunidades económicas que traiga consigo la expansión.

Al reflexionar sobre qué tipo de recuperación debería permitirnos salir de la recesión, tendríamos que pensar seriamente en la naturaleza del propio crecimiento económico, por lo menos en los países ricos. Hace tiempo que se sabe que, por encima de cierto nivel de prosperidad, el crecimiento no conduce necesariamente a un mayor bienestar personal y social. Ahora es el momento de añadirle al PIB criterios más equilibrados para calibrar el bienestar y de darles una auténtica resonancia política. Ha llegado la hora de plantear una crítica sostenida y positiva del consumismo, que pueda tener peso político. Ahora es el momento de descubrir cómo garantizar que la recuperación no conlleve un retorno a una sociedad inundada por el dinero.

El periodo de la desregulación thatcheriana ha terminado. El Estado ha vuelto. Necesitaremos políticas activas de industrialización y planificación, centradas en las instituciones económicas, pero también en el cambio climático y en la política energética.

Sin embargo, habrá que evitar los errores cometidos por anteriores generaciones de planificadores. Aquí también aparecen varios problemas. Pensemos, por ejemplo, en las tecnologías renovables. Si en algún momento los combustibles fósiles pasan a la historia, la tecnología tendrá que cambiar drásticamente. Sin embargo, ¿cómo van a decidir los Gobiernos qué tecnologías hay que respaldar? ¿Cómo pueden enfrentarse al hecho de que, como ocurrió con Internet, es frecuente que nadie prevea las innovaciones tecnológicas más trascendentales?

Tenemos que encontrar un nuevo papel para el Gobierno, pero también para los mecanismos de mercado. De repente, los complejos instrumentos financieros, a los que se culpa de la debacle en los mercados, han pasado de moda. Sin embargo, seguiremos necesitándolos, porque, en realidad, con la regulación adecuada, en lugar de ir en contra de la inversión de larga duración, son la clave que la posibilita.

Pensemos en el caso de los seguros que cubren daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes caribeños. Esos episodios serán más frecuentes y más virulentos, ya que es prácticamente seguro que va a producirse cierto cambio climático. Para lidiar con los daños que se registren, será muy importante que, sobre todo los más pobres, cuenten con seguros que los cubran. Las aseguradoras privadas tendrán que proporcionar gran parte del capital, ya que sus muchas obligaciones en otros sectores las convierten en una garantía a la que sólo se recurrirá en última instancia.

Al final, nos topamos con el origen de todo esto, la globalización, que ha avanzado a marchas forzadas sin someterse a los adecuados controles internacionales. El futuro exige una regulación eficiente de los mercados financieros mundiales, que quizá podría allanar el camino para la colaboración esencial que se precisa para enfrentarse al cambio climático (a este respecto, cuando 200 países se preparan para las reuniones que en diciembre patrocinará la ONU en Copenhague, también habrá que replantearse muchas cosas). A manos de la crisis financiera y sus secuelas, arraigadas formas de pensar han sufrido una sacudida que podría y debería ser de enorme importancia. Nos encontramos al final del fin de la historia.


Fuente: El País.com / Tribune Media Services
Autor: Anthony Giddens, (Inglaterra, 1938-) sociólogo, reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. También adquirió gran reconocimiento debido a su intento de renovación de la socialdemocracia a través de su teoría de la Tercera Vía. Del cual se transformo en uno de los principales divulgador de la Tercera Vía de Tony Blair. Fue director de la London School of Economics. Su nuevo libro es The Politics of Climate Change.
Traducción: Jesús Cuéllar Menezo

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El mundo que se viene. Por Tomás Abraham

Vivimos una época que ha conocido dos enormes crisis planetarias. En el año 1989 se derrumba una concepción del Estado y de la sociedad. Veinte años después, cae el mercado financiero. Sobre el sentido que acarrea esta última crisis todo está por decirse, y lo que se dice no deja de terminar en puntos suspensivos.

Con la caída del Muro hubo quienes lo vieron como el inicio de su integración al universo de la democracia. Muchos que habían apoyado a dictaduras criminales, los que estuvieron del lado de quienes alentaron invasiones a países que no respondieran a los intereses de las grandes corporaciones, y a favor de la acción de infiltración para derrocar a gobiernos populares, se sintieron en condiciones de abandonar sus cruzadas en defensa de Occidente. La Guerra Fría había terminado con el reconocimiento del fracaso de uno de los sistemas.

Ya no tenía sentido justificar por cualquier medio la defensa de los valores del individuo y de la libertad. El peligro comunista desaparecía. Fue el momento en que el anuncio del fin de la historia se ponía de moda.

Durante casi dos décadas, un discurso calificado como “único” tuvo la hegemonía en las cuestiones económicas. La tercera vía se presentó en escena para proponer reflexionar sobre un nuevo modelo dado el fracaso de las políticas neoliberales y de una socialdemocracia basada en un Estado de Bienestar ya insostenible.

Después del ’89 el socialismo pretendió adaptarse a la globalización y a los cambios en la tecnología, con un discurso que rescatara sus principios morales y sociales, y que fuera funcional a un mundo en expansión ilimitada y transformación continua.

La política de Bush dejó totalmente de lado las tibias aspiraciones de la tercera vía y aceleró la dinámica de los mercados desregulados.

Nadie previó el derrumbe del ’89 y menos aún el de 2008. Por supuesto que había señales de alarma, siempre las hay en el mundo de la interpretación infinita. Pero los visionarios de lo que vendrá, y efectivamente ocurrió, se perdieron en la muchedumbre de otros visionarios versados en un saber conjetural que no es una ciencia basada en predicciones ni en certezas demostradas.

La crisis de las hipotecas es la crisis de un paradigma crediticio y de una política financiera. El mundo creció durante años a tasas difícilmente homologables. La economía norteamericana aceleró su dinamismo y creó un estímulo tras otro para que todos se endeudaran y canalizó los flujos de capital hacia el mercado inmobiliario y la compra de acciones.

Estableció una tasa de interés mínima que abarató el crédito y fomentó la inversión hacia fondos especulativos. Los EE.UU. asociaron su política a la de China, y solventaron su déficit creciente con capitales de todo el mundo y la compra de sus bonos federales. China producía y los norteamericanos consumían, y la economía que concentra la cuarta parte de la riqueza mundial, junto a su asociado asiático en impresionante crecimiento, ponía en movimiento al resto del planeta.

El 30 de abril de este año, se reunieron en el Museo Metropolitano de Nueva York economistas de renombre, a propósito de un simposio de economía organizado por la New York Review. Fueron convocados Paul Krugman, George Soros, Jeff Madrick y Niall Ferguson, entre otros.

Ninguno de ellos se muestra optimista. Las soluciones que proponen desde perspectivas distintas están llenas de dudas. Admiten su desorientación. La palabra “apalancamiento” (leverage) es usada varias veces para describir un funcionamiento financiero a base de deuda futura que, según reconocen, produjo mucho daño.

No se ponen de acuerdo acerca de cuánto keynesianismo está en juego. Recuerdan que Keynes escribió su texto de referencia general en 1936, siete años después del desencadenamiento de la crisis. Ven en el gobierno de Obama una acción a dos puntas. Una es la inyección de ingentes cantidades de dinero con el fin de restablecer el crédito para que la recuperación no sea tan lenta y los efectos tan devastadores como los de la crisis del ’29. No consideran ajena a la misma el acceso al poder de los gobiernos fascistas y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno quiere siquiera pensar que la crisis actual pueda dar lugar a nuevas formas de autoritarismo y a conflictos mundiales.

Por otro lado, el gobierno de Obama estimula una política de grandes inversiones. Con la monetización forzada de la economía vía emisión y la asunción de obras de infraestructura por el Estado, más el salvataje de corporaciones financieras e industriales, el déficit de los EE.UU. está cerca del 17% de su PBI.

Los economistas convocados hablan de trillones y billones destinados a un mercado paralizado. Las acciones bursátiles no valen nada, y los recuperos se deben a maniobras especulativas de corto alcance. El estímulo a la demanda no parece funcionar. Es normal que en una época como ésta los individuos teman al crédito y se inclinen por el ahorro. El mañana es temible.

Los inversores tampoco quieren arriesgar y no van más allá de pretender recuperar su capacidad instalada. El Estado se dispone a asumir por el momento el rol que los privados deberían cumplir. No deja de disiparse el fantasma de la deflación de precios, y una posterior estanflación.

Soros insiste en que los mercados financieros deben estar regulados. Ferguson no cree en las políticas de estatización ni en que la conducción de la economía deba estar en manos del Estado. Para él, la salida de la crisis depende de los avances tecnológicos y del incremento de la productividad que históricamente, sostiene, es impulsado por los capitales privados.

Krugman cree que el Estado debe cumplir un rol activo y tomar la iniciativa de la inversión sin temerle en exceso al gasto. Pero reconoce que el público norteamericano sólo volverá a gastar si el gobierno le despierta confianza.

La emisión de deuda futura, y el uso de los dineros públicos para incentivar un mercado de trabajo deteriorado por el aumento de la desocupación y para compensar la desfinanciación de las fuerzas productivas tendrá efectos positivos si los ciudadanos norteamericanos confían en la eficiencia y la honestidad de su gobierno.

Krugman estima que Obama es el que está en las mejores condiciones para concitar tal credibilidad. Pero la bruma no se disipa.

Ante una realidad así, los agoreros del fin del capitalismo sienten que llegó su hora. Aún no se sabe muy bien para qué. Hay proyecciones de todo tipo. Utopías de “lo pequeño es hermoso”, de la fundación de una sociedad basada en la vida simple y solidaria de pueblos con espíritu cooperativo, la celebración de la nueva unión del Estado con los pueblos largamente desplazados por la ilimitada codicia del capital, la voluntad de poner la piedra basal de un nuevo modelo de sociedad que resulte de necesarias mutaciones culturales y, además, el deseo de un cambio drástico de una civilización que erró su camino hace siglos; todo indica que ésta es una época fértil para los anunciantes de una nueva aurora.


Fuente: Perfil.com
Autor: Tomás Abraham (Rumania, 1947-) es un filósofo y escritor argentino. Los padres de Tomás Abraham emigraron a la Argentina en 1948. Estudia Universidad de la Sorbona, Paris. Fue alumno de Michel Foucault —al cual considera su mayor influencia— y participó en 1968 del Mayo Francés. Autor de 17 libros, el ultimo "El Presente Absoluto" (2007).

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¿Es Estados Unidos un Estado? Por Aurelio Arteta

Sabrás tú la respuesta, lector? No pregunto si Estados Unidos es un Estado liberal, federal o bastante democrático, sino un Estado a secas. Pregunto cómo puede siquiera formar una unidad política con capacidad de mantener la paz civil de su territorio si no dispone allí del monopolio en el uso de la violencia legítima.

Es decir, mientras esté privado de esa función sin la cual difícilmente podrá cumplir ninguna otra. La perplejidad rebrota cada vez que tenemos noticia de esas matanzas periódicas que estremecen aquel país, las últimas apenas hace unas semanas. O, antes de que estallen las masacres, en cuantas ocasiones se ha propuesto sin éxito en esa sociedad prohibir la compraventa de armas de fuego. ¿Para cuándo enmendar la Segunda Enmienda?

Sabemos por los clásicos que un Estado nace cuando sus miembros consiguen superar el miedo de todos a todos por preferir el miedo de todos a uno. Tal parece el requisito para lograr nuestro deseo más básico, que es obtener la máxima seguridad en la conservación de la propia vida. Todos, salvo los asesinos natos, hemos firmado una renuncia a defendernos por la fuerza, un acuerdo de confiar las armas al soberano para que éste nos defienda mediante ese poder común. (Un paréntesis nada inútil: esto tan obvio no lo es todavía en el País Vasco. Al cabo de 30 años de poder nacionalista, son bastantes los que aceptan que una banda de fanáticos dispute al poder público lo legítimo de aquel monopolio. Y son aún más los que, al reprobar por igual la violencia privada y la pública, vienen a ofrecer un respaldo indirecto a la primera).

También en Estados Unidos se encomienda esa protección individual al poder soberano, aun cuando la ley no obliga a ceder el derecho de defenderse a uno mismo con las armas en la mano y son millones los ciudadanos preparados para ejercerlo. Pero el caso es que las armas adquiridas como medios defensivos -porque las carga el diablo- se vuelven ofensivas a la menor oportunidad. De suerte que ese derecho a la autoprotección ha de provocar un riesgo mucho más general que si fuera denegado. En cuanto un ciudadano sepa o tan sólo sospeche que su vecino dispone de una pistola para prevenir su eventual agresión, ya cuenta con una razón (con tantas razones como vecinos armados) para sentirse amenazado y procurarse la herramienta para repeler su ataque. Aumentarán las medidas de vigilancia, pues ahora cualquiera resulta un criminal en potencia. En definitiva, allí donde cada uno puede portar armas mortíferas hay sobrado fundamento para que todos se teman mortalmente entre sí.

Y no es para menos. Pues aquel derecho incluye también el de discernir quién amenaza mi vida y dictar su condena o tomarme venganza; entraña la prerrogativa de reservarnos a un tiempo el papel de juez y verdugo de los demás. A lo mejor así este o aquel ciudadano consiguen salvar su vida en un momento dado, pero seguro que muchos inocentes caerán víctimas de semejante empeño. El ideal de la National Rifle Association parece el Far West redivivo. El sheriff y los paisanos, todos con el dedo en el gatillo; el uno invocando su deber de preservar la supervivencia colectiva, los otros su derecho a defender la suya propia... aun a costa de poner en graves apuros las ajenas.

Los estadounidenses exigen, desde luego, que su Estado les ampare frente a la agresión de otro Estado. Pero, de puertas adentro, tan fuerte es el miedo recíproco que no consienten abandonar su defensa individual en manos de nadie. Puesto que han de prever que su guardián legal les falte cuando más lo necesiten, cada cual deberá a fin de cuentas ocuparse de sí mismo. A esto conduce inexorablemente la obsesión desorbitada por la seguridad personal.

Lástima que sea una obsesión fallida, pues no hay seguridad absoluta posible ni mediante el sistema público más eficaz. Aunque la salvaguarda de cada uno corriera a cargo de un policía, nada nos asegura contra la eventual tentación de ese policía de agredirnos, lo que forzaría a que nos acompañara otro guardia para vigilar al primero. La cosa no acabaría aquí. Tampoco puede garantizarse -permítanme estirar la hipótesis- que este segundo policía fuera impecable en su cometido o no se volviera loco, y eso nos llevaría a demandar asimismo un psiquiatra dedicado a su examen continuo. Y como ni siquiera los psiquiatras están libres de un ataque de celos o de codicia, se requeriría otro psiquiatra atento a la conducta de aquel primero que -no se olvide- se cuidaba de la salud mental del policía que vigilaba al custodio inicial que protegía los pasos del ciudadano... ¿Dónde terminaría esta cadena?

Verás, pues, lector amigo. Uno cree que vivir en sociedad, por perfeccionado que fuere su aparato protector, estará siempre expuesto a que los conciudadanos nos hagamos algún daño. Reducir ese daño al mínimo debe ser prerrogativa del Estado. Y no conviene cuestionar tan viejo monopolio, pero sí someterlo a las condiciones de una justicia democrática.


Fuente: El País.com
Autor: Aurelio Arteta, nacido español (vasco), Doctor en Filosofía y Licenciado en Sociología. Es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco / UPV.
Nota del Editor: como complemento a esta excelente nota, recomiendo ver el video Papi, comprame un Kalashnikov, realizado por Jon Sistiaga.

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