Max Weber en la Casa Blanca. Por Lluís Bassets

Ningún gobernante puede eludir la disonancia entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción estudiada por Max Weber hace casi un siglo en su conferencia La política como profesión. Como Barack Obama no iba a ser una excepción, no han bastado ni siquiera cien días para que empezaran a apuntar algunas minúsculas señales oscuras, todavía pequeñas motas de polvo, sobre su radiante imagen. El nuevo presidente dio pasos contundentes, solo llegar a la Casa Blanca, con sendos decretos presidenciales en los que se prohíbe la tortura y se programa el cierre de la base de Guantánamo para 2010. Su compromiso con esta política de respeto y promoción de los derechos humanos ha tenido un sonoro reflejo en dos de sus grandes discursos, en la toma de posesión y en su primera alocución ante las dos cámaras reunidas, que se sintetiza en su idea de hacer compatibles la seguridad nacional y la defensa de los valores democráticos.

Todas las exigencias que se le presentan se podrían resumir en cuatro: predicar con el ejemplo; reincorporarse a la comunidad internacional en la firma y cumplimiento de tratados y convenciones sobre derechos humanos; reformular y ajustar una política exterior acorde en su actitud rigurosa ante los incumplimientos de los países socios; e investigar y depurar razonablemente las responsabilidades respecto a los desmanes perpetrados durante la presidencia de George W. Bush. En los cuatro puntos todo está en mantillas, o lo que es aún peor, empiezan a producirse titubeos o muestras de criterio escaso.

No es un buen comienzo que Hillary Clinton, en su primera salida al exterior, declare las relaciones con China exentas de toda exigencia en este capítulo. La orden de detención contra el jefe de Estado sudanés, Omar al Bashir, viene a recordar a su vez alguna de las cuentas pendientes a liquidar con urgencia: Estados Unidos, que firmó con Bill Clinton el estatuto de creación de la Corte, no quiso luego ratificarlo, ya con Bush, y legisló en su contra, prohibiendo colaborar con ella y protegiendo a sus ciudadanos de sus acciones; aunque toda esta acción unilateralista no le impidió a Bush estar a favor de que Al Bashir fuera acusado de genocidio. Pero es evidente que Obama no podrá plantear a medio plazo una política exigente respecto a la situación de los derechos humanos en las dictaduras o democracias soberanas amigas si antes no ha dejado limpio y en orden el patio interior y a la vez se ha incorporado al grupo de países más cumplidores.

Y ahí es donde están llegando noticias inquietantes. Un alto cargo del Departamento de Justicia, Neal Katyal, ha sugerido a la Casa Blanca la creación de un tribunal de seguridad nacional que permita la detención preventiva por tiempo indefinido y sin juicio de determinados sospechosos de terrorismo. Detrás de estas ideas se halla la resolución del problema que plantea el cierre de Guantánamo, donde hay un grupo de terroristas que podrían quedar en libertad si el Gobierno se limitara a llevar a los presos ante un tribunal ordinario.

En tres de las sesiones congresuales de confirmación de sendos nombramientos presidenciales se han escuchado expresiones preocupantes respecto al escrupuloso respeto a los derechos humanos prometido por Obama en su campaña. Se trata de Elena Kagan, la procuradora general del Estado, que actúa en nombre del Gobierno ante el Tribunal Supremo; el fiscal general, Eric Holder; y el director de la CIA, Leon Panetta. La aplicación del código militar a los terroristas, de nuevo el concepto de tortura y las autorizaciones excepcionales a los servicios secretos para detenciones o secuestros ilegales son los puntos que no han quedado suficientemente aclarados y descartados en estas comparecencias.

Tampoco está claro que la nueva Administración dé vía libre a la exigencia de responsabilidades por las acciones ilegales realizadas desde la anterior Casa Blanca en la lucha antiterrorista. La CIA acaba de reconocer que autorizó la destrucción de 92 vídeos de interrogatorios, presumiblemente con uso de torturas, con una finalidad fácilmente reconocible de obstaculizar la investigación. El Departamento de Justicia ha levantado el secreto sobre nueve de los famosos memos de los consejeros legales de Bush que cubrían las acciones ilegales del Gobierno con sus opiniones jurídicas. Pero falta por desvelar todavía el contenido de otros 35 documentos secretos.

La responsabilidad de Obama es salvaguardar la seguridad de sus conciudadanos y defender sus intereses en el mundo. Cuanto más se aleje esta responsabilidad de sus convicciones, peor le irán las cosas. La razón es sencilla: Obama ha hecho de la transparencia política un instrumento y a la vez un objetivo; una convicción o valor dentro de su concepto de la sociedad democrática. De ahí que será la propia transparencia del sistema que está construyendo la que pondrá en evidencia sus fallos, sean sólo motas de polvo como ahora o se conviertan en horribles lamparones como los que rompieron la imagen de su antecesor.


Fuente: ElPaís.com
Autor: Lluís Bassets es periodista. Director adjunto de EL PAÍS. Se ocupa de las páginas y artículos de Opinión.
Cartoons: Cam Cardow / The Ottawa Citizen